La Junta asume los primeros arreglos en el bloque de la calle Cabriel ante la «dejadez» municipal
El Gobierno andaluz, dispuesto a asumir todas las reparaciones

14.01.09 - J. H.| MÁLAGA

Las familias que habitan los pisos del número 27 de la calle Cabriel, en la barriada de Huerta La Palma, empiezan a ver algo de luz al final del túnel. La denuncia de las condiciones infrahumanas en las que viven, apoyada por el concejal de IU Antonio Serrano, ha causado movimientos en los responsables de la Junta de Andalucía que, pese a asegurar que el bloque no es de su titularidad, emprendieron ayer mismo las primeras reparaciones para evitar las fugas de aguas fecales que han inundado el portal y viviendas de la primera planta.

La delegada provincial de Vivienda, Josefa López, indicó que a primera hora de la mañana dio la orden para que los técnicos se personaran en el edificio y emprendieran los arreglos ante lo que consideró como una «dejadez» del Ayuntamiento. López señaló que, si el Gobierno andaluz no ha actuado hasta ahora en este caso, es porque acordó con el Consistorio que éste se haría cargo de las reparaciones en el conjunto de los bloques de La Palma. «Sin embargo, no podemos consentir que continúe por más tiempo esta situación», recalcó la delegada, quien anunció que la Junta está dispuesta a correr con el cien por cien del coste de la reparación global del inmueble si no lo hace el gobierno municipal.

Encuentro

En ese sentido, anunció que pasado mañana viernes mantendrá una reunión con la concejala del distrito Palma-Palmilla, Mari Ángeles Arroyo, para debatir este asunto. En el caso de que el Ayuntamiento insista en financiar el 80% de las obras del edificio -como ha hecho en otros de la barriada-, la Junta mantiene el ofrecimiento de aportar el 10% que le correspondería poner a los vecinos.

A mediados del mes pasado de diciembre, el alcalde, Francisco de la Torre, remitió una carta a la delegada del Gobierno andaluz, María Gámez, en la que le solicitaba coordinar medidas de reparación del edificio a raíz de un informe de Urbanismo en el que se aboga por ordenar su desalojo inmediato para la reparación de las fugas, la electricidad y su desinfección.

La Junta le contestó que aportaría el citado 10% en el momento en que se lo pidiera el Consistorio, que no ha iniciado los trabajos al detectar que apenas cuatro de las 52 casas del inmueble están habitadas por sus primitivos moradores, por lo que el resto han sido ocupadas o transmitidas ilegalmente.

Para la Junta, esto no debe ser obstáculo para iniciar los trabajos de reparación del edificio. Además, desde el Gobierno regional recordaron que está en marcha un proceso de expropiación -que todavía puede durar dos o tres años- para obtener la propiedad de los pisos de aquellos titulares que ya no los habitan, con el fin de poder transferirlos a personas que realmente los necesiten por sus condiciones.